La residencia permanente le permite, a la persona que la obtiene, permanecer en el país de manera indefinida y con libertad de trabajar.

Califican para esta residencia los que tengan padres, madres, hijas o hijos costarricenses. O los que tengan hermanos o hermanas costarricenses menores de veinticinco años.

Para esta residencia debe comprobarse el vinculo con la persona costarricense mediante certificación del Registro Civil.

También aquellas personas residentes que por tres años consecutivos han tenido una residencia temporal pueden optar por la residencia permanente libre de condición.

Puede optar la residencia como pensionado o pensionada la persona que demuestre con documento emitido por autoridad competente de su país, que disfruta de pensión en forma vitalicia cuyo monto no podrá ser inferior a mil dólares mensuales (US$1000).

Deben certificar la pensión en el país donde la disfrutan y deberá venir debidamente legalizada y autenticada o apostillada.

Pueden reclamar como Dependientes al cónyuge, y a los hijos menores de veinticinco años o con discapacidad medica debidamente certificada.

Deben aportar los requisitos generales a toda residencia , los cuales se encuentran en la sección de requisitos generales de la pagina.

Los Ejecutivos o técnicos que son contratados por empresas que se encuentren registradas o reconocidas ante migración, pueden optar por esta categoría presentando copia del contrato de trabajo debidamente autenticado, indicando el salario mensual percibido, el cual deberá estar incrementado en un 25% con relación al salario mínimo legal en el mismo puesto. La empresa deberá estar registrada en alguna de las categorías especiales y cumplir con los requisitos de acuerdo a su categoría.

Los representantes legales de empresas en funcionamiento pueden optar por su residencia. Deberan probar la existencia del negocio mediante la acreditación de patentes y permisos de funcionamiento, registro ante la caja de seguro Social, Póliza de Riesgos de trabajo, registro ante Tributación Directa y deberán presentar los estados financieros de la empresa certificados por un contador público autorizado. Esta residencia permite reclamar a los cónyuges e hijos.

Se puede optar por esta categoría abriendo un negocio e invirtiendo $ 10,000 USD Diez mil dólares. Es una residencia que hay que renovar cada año demostrando la existencia del negocio. Esto se demuestra con la patente comercial, permiso de funcionamiento, registro de pago de impuestos, póliza de riesgos del trabajo y registro ante la caja de seguro social) Con esta residencia se pueden operar todo tipo de negocios y servicios  sin ninguna excepción: Hotelería y Turismo, Restaurantes y Tiendas de todo tipo servicios en general.

No permite reclamar a cónyuge o hijos.

Deberá presentar algunos requisitos como la copia de los títulos o acreditación correspondiente donde se demuestre que posee la capacitación exigida para el ejercicio del oficio, de tratarse de títulos emitidos en el exterior deberán estar legalizado o apostillado.

Constancia de inscripción ante la Dirección General de Tributación Directa.

Si el negocio está constituido como una sociedad deberá presentar constitución de la sociedad, personería jurídica, patente, permiso de funcionamiento por parte del Ministerio de Salud y certificación de ingresos por Contador Público Autorizado.

Debe presentarse a migración una declaración jurada suscrita por el empleador certificando la experiencia del trabajador donde se especifique las funciones especializadas y sus conocimientos para el puesto.

De ahí que es muy importante contar con los títulos debidamente autenticados que demuestren la formación y la experiencia del solicitante.

Adicionalmente la empresa debe comprobar su existencia y funcionamiento mediante Patente municipal, permiso sanitario de funcionamiento comprobante de pago de impuestos

La Dirección General de Migración y Extranjería autoriza los permisos de trabajo para las personas extranjeras. Para dar esta autorización la Dirección toma en cuenta los dictámenes de carácter recomendativo elaborados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Estos dictámenes contienen la lista de profesiones y oficios donde hay carencia en el país. Y excluye las que cuentan con suficiente mano de obra nacional.

Adicionalmente se establecen los permisos  para los estudiantes y personas que ingresan al país a desempeñar una función temporal o especifica en instituciones u organizaciones internacionales o educativas.

En el caso de docentes e investigadores deberán presentar oferta de trabajo en la que se indíquelas funciones, horario, salario a devengar, firmada por el empleador, debidamente autenticada.

En el caso de estudiantes deberá demostrar solvencia económica mediante una certificación emitida por contador público autorizado de la solvencia económica indicando su procedencia. Si es estudiante es  becado, debe aportar certificación de la institución que brinda la beca indicando el monto, el plazo y los gastos que comprende.

En el caso de los voluntarios deberán presentar certificación emitida por la institución a cargo del programa de voluntariado y firmada por el representante legal, donde se describe detalladamente el proyecto de voluntariado y se indique las labores que realizará la persona extranjera, el plazo de permanencia en el país y el detalle de su financiamiento.

Para ello deberá demostrar el vínculo mediante certificación de nacimiento, o matrimonio debidamente legalizada y autenticada o apostillada. En el caso de hijos menores de edad la solicitud deben realizarla sus padres .

En todo caso es requisito la demostración de solvencia económica para subsistir en el país mediante la presentación de una declaración jurada o la certificación de ingresos emitida por un Contador Público Autorizado.

Las personas dependientes de estudiantes no están autorizadas a realizar actividades renumeradas. Si desean hacerlo deberán solicitar el cambio de categoría correspondiente.

Para ello se establecen como requisitos la presentación de una solicitud donde se indican las razones por las que solicita la estancia. Recibo de pago por la suma de cien dólares y una carta de la empresa donde se indiquen las funciones que desempeñará la persona extranjera en el país, con indicación expresa de que dicha persona no devengará el pago de salario u honorarios en el país.

Si el tiempo de estancia excede los seis meses deberá presentar certificación de antecedentes penales y nacimiento debidamente certificada y autenticada o apostillada.

A la persona extranjera que se le autorice la estancia, podrá ingresar y egresar del país, las veces necesarias ,siempre y cuando, no exceda el plazo de estancia autorizado.

Para ello deben presentar una solicitud con un Dictamen médico mediante el cual se indique el estado del paciente y la duración del tratamiento.

Certificación del centro hospitalario público o privado donde recibirá la atención médica, que cuente con la autorización de funcionamiento del Ministerio de Salud.

Si la estancia es por un periodo mayor a seis meses deberá presentar certificación de antecedentes penales y nacimiento debidamente legalizada y autenticada o apostillada.

La persona que desee tramitar un permiso como empleada o empleado doméstico puede hacerlo presentando una solicitud a migración y adjuntando un contrato de trabajo debidamente firmado y autenticado.

Se debe cumplir con los requisitos generales establecidos para todas las residencias como el certificado de nacimiento y record policial o antecedentes penales debidamente autenticado y apostillado.

Certificación de ingresos emitida por Contador Público Autorizado.

Constancia de salario.

Orden patronal vigente o cartas de los empleadores con membrete y sello de la empresa que indique salario bruto y neto, años de servicio y puesto.

Las personas jubiladas deberán aportar prueba de la pensión, presentando recibos, o certificación emitida por autoridad competente que indique el monto y tiempo de jubilación.

Las empresas bajo la clasificación A, son aquellas que se encuentren operando o van a iniciar operaciones bajo regímenes especiales de promoción de exportaciones. Dichos regímenes se encuentran administrados por COMEX y PROCOMER.

Las empresas bajo la clasificación B, son aquellas que se encuentren exportando bienes o servicios fuera de regímenes especiales de promoción de exportaciones o realizando actividades de investigación y desarrollo.

Las empresas bajo la clasificación C, son aquellas que se encuentren operando en el sector turismo en Costa Rica, específicamente en las áreas de hospedaje turístico, deben contar con Declaratoria Turística y una clasificación de cuatro estrellas en adelante, de acuerdo con el Decreto Ejecutivo Nº 25226-MEIC-TUR del 15 de marzo de 1996. Asimismo, se autorizará la inscripción de líneas aéreas inscritas en la Asociación de Líneas Aéreas, tanto de transporte de pasajeros como de carga, pero esta última se autoriza solamente para las que tengan categoría de operadoras.

Las empresas bajo la clasificación D, son aquellas que se encuentren operando en el área financiera en Costa Rica, y estén supervisadas o registradas ante la SUGEF como entidades del sector bancario o instituciones financieras no bancarias, ante la SUPEN, la SUGEVAL y aquellas que se encuentren en proceso de instalación o que estén operando en el área de seguros en Costa Rica, y estén supervisadas o registradas ante la SUGESE.

Las empresas bajo la clasificación E, son aquellas que se encuentren en proceso de instalación o que estén operando en el área de telecomunicaciones en Costa Rica, y estén supervisadas o registradas ante la SUTEL.

Las empresas bajo la clasificación F, son aquellas que no se ubican en alguna de las clasificaciones anteriormente descritas, caracterizadas por ser multinacionales cuya casa matriz ha decidido la instalación de una subsidiaria en Costa Rica, con un giro de operación que se desarrolla en las áreas de producción y comercialización de bienes y servicios. Se entiende multinacional, aquella empresa que tiene operaciones en al menos 3 países, excluido Costa Rica.

Las empresas bajo la clasificación G, son aquellas nacionales o extranjeras que se encuentran operando o van iniciar operaciones en Costa Rica y son adjudicatarias de una contratación promovida por alguna entidad u órgano de la Administración Pública, siempre y cuando el plazo de vigencia de la contratación supere un año calendario. Asimismo aquellas empresas que se encuentren contractualmente vinculadas con entes públicos.